Ecuador intenta disuadir a Brad Pitt de llevar al cine un controvertido libro sobre la macrocausa contra Chevron
Reportaje incluido en el nº 29 de la revista La Marea, que puedes comprar aquí
La contaminación provocada por las exploraciones de la petrolera estadounidense Texaco en la región amazónica de Ecuador es considerada como uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Desde hace dos décadas grupos de activistas y abogados que representan a las 30.000 personas afectadas y la petrolera Chevron, que adquirió Texaco en 2001, están enzarzados en procesos legales en varios países sobre la indemnización y la responsabilidad de la multinacional en esta catástrofe.
Esta batalla entre David y Goliat ahora podría llegar al cine de Hollywood. El actor y productor Brad Pitt ha adquirido los derechos de La Ley de la Jungla, un libro del periodista Paul Barrett en el que desacredita la campaña contra Chevron y en particular al líder de la defensa, el abogado y activista estadounidense Steven Donziger. Le acusa de haber sobornado a un juez en Ecuador y de querer enriquecerse personalmente con el caso más que ayudar a las víctimas del desastre.
Desde el Gobierno de Ecuador se ha lanzado una campaña en redes sociales para disuadir a Pitt de llevar esta versión controvertida al cine (#BradDoTheRightThing). “Creo que el que saldría perdiendo es él”, afirmaba la ministra de Medio Ambiente de Ecuador, Lorena Tapia, en una entrevista con La Marea durante una visita a Madrid a finales de mayo. Tapia dijo que el actor aún no había contestado a la invitación que le hizo el presidente Rafael Correa para visitar la zona de Lago Agrio y ver las piscinas llenas de petróleo. “Ya estuvo en esta zona de la Amazonia años atrás, incluso junto con representantes de la comunidad que demanda a Chevron. Por eso a Pitt le consta que existe la contaminación ya que el impacto es visible. Debería pensárselo más que nosotros porque los hechos hablan por sí solos”, argumentaba Tapia.
Todo comenzó en la década de 1960 cuando Texaco empezó a perforar una amplia zona en el Amazonas ecuatoriano y fundó el asentamiento llamado Lago Agrio. Las exploraciones duraron hasta 1992 y los métodos empleados no tuvieron mucha contemplación por los daños al medio ambiente, con la contaminación masiva de ríos y tierras. En 1993, un grupo de activistas comenzó a defender a los afectados para exigir indemnizaciones y la limpieza de la zona. Al principio, Texaco aceptó su responsabilidad y dijo que sanearía pozos, pero las autoridades y los damnificados mantienen que nunca lo hizo de verdad.
Chevron alega hoy que la contaminación en la zona es culpa de la petrolera estatal de Ecuador que siguió operando en la región. “Hay una argumentación permanente en este sentido pero lo que es cierto es que la contaminación sigue presente”, dijo la ministra. “Cuando se fueron se suponía que tenían obligaciones de remediar la situación según exigía el contrato y como lo hacían en otros países donde operaban. Pero no actuaron como tenían que actuar. Se ha confirmado que hay muchos pozos donde no hubo ningún tipo de intervención por parte de Texaco, y donde Petroecuador nunca operó”, agregó.
Multa de 9.500 millones de dólares
Donziger, un conocido activista de EEUU, dedicó años a la defensa de la causa de la comunidad y consiguió apoyo financiero para enfrentarse a la poderosa máquina de juristas de una de las mayores multinacionales del mundo. En 2011, un tribunal provincial de Ecuador condenó a Chevron a pagar una indemnización de 18.000 millones de dólares. La sentencia fue confirmada después en otras instancias hasta que el año pasado el Tribunal Supremo de Ecuador la ratificó, aunque bajó la pena a 9.500 millones de dólares.
Sin embargo, para conseguir este dinero Donziger y su equipo legal tenían que pleitear en el extranjero, ya que Chevron había vendido todos sus activos en Ecuador. Llevaron la demanda a Argentina, Canadá y los propios EEUU para conseguir el embargo de los bienes de lapetrolera.
En marzo de 2014 un juez de distrito de Nueva York, Lewis Kaplan, diouna gran victoria a la multinacional al rechazar las demandas de la defensa y cuestionar la limpieza del proceso en Ecuador. Aunque el juez admitió que Chevron tenía cierta responsabilidad en la contaminación en Lago Agrio, concluyó que Donziger y su equipo habían usado métodos corruptos para conseguir la sentencia favorable en Ecuador al sobornar al juez y falsificar testimonios. “Los fines no justifican los métodos”, comentó Kaplan.
El libro de Barrett, un conocido periodista de medios financieros como Business Week, incide en este aspecto de la supuesta corrupción y retrata a Donziger como una especie de fariseo que se aprovecha de la desgracia de otros. La Ley de la Junglarecibió reseñas favorables en la prensa norteamericana. Barrett ha rechazado la acusación de los activistas de haber sido pagado por Chevron para escribir el libro, aunque están demostrados sus lazos con la petrolera (testificó a favor de la multinacional en un comité de la Cámara de Representantes).
En una larga carta a la editorial que publicó la obra, Donziger contestó una serie de incorrecciones factuales y falsificaciones de Barrett, y lamentó que éste no quiso ponerse en contacto con él. Mientras Chevron se felicitó por la “victoria rotunda” que supuso la sentencia del juez Kaplan, la defensa de los afectados ha ido sembrando cada vez más dudas sobre el criterio del letrado de Nueva York. Si los jueces ecuatorianos realmente son sobornables, como insinúa Kaplan, ¿no resultaría más lógico que fuera una de las mayores multinacionales del mundo la que consiguiera inclinar el balance a su favor sacando la chequera que un grupo de abogados y activistas?, se preguntaban desde la campaña contra Chevron.
Fondos en Gibraltar
El juez en cuestión, Nicolás Zambrano, negó que recibiera dinero. Pero otro de los jueces del caso en Ecuador, Alberto Guerra, declaró ante Kaplan que Donziger le había pagado por escribir su opinión legal. Sin embargo, Chevron tuvo que admitir que había dado dinero a Guerra y que había financiado el traslado de él y su familia a EEUU. También ha salido a la luz que, en el momento del juicio, Kaplan tenía inversiones en Chevron a través de tres fondos de JP Morgan, según demuestra su declaración de bienes.
El libro de Barrett y los abogados de la petrolera coinciden en atacar un pilar fundamental del equipo de Donziger: los fondos que financian la campaña. El abogado creó un vehículo en Gibraltar, Amazonia Recovery Ltd, para canalizar el dinero que les dan estas empresas especializadas en financiar causas legales a cambio de recibir una proporción importante en caso de que el pleito tenga éxito. Donziger argumenta que es la única forma de montar una defensa capaz de competir contra el ejército de abogados y lobbistas a sueldo de la multinacional.
Con la sentencia favorable de Kaplan en mano, Chevron presionó a estos financieros del equipo de Donziger, con éxito. En una notade prensa de mayo pasado, la empresa se felicitaba por que otro fondo, Woodsford Litigation Funding, abandonase la causa de Lago Agrio, después de que Chevron le demandara por “conspiración” ante los tribunales de Gibraltar. Anteriormente ya se habían retirado Russell De Leon y Burford Capital, que habían dado millones de dólares a Donziger. “Woodsford y DeLeon han aceptado que transferirán todos los ingresos que podrían obtener del caso a Chevron si se lo pide”, explica la nota de prensa.
En opinión de Donziger, para Chevron hay mucho más en juego que el dinero de la posible indemnización, que tampoco supondría la ruina de la empresa. “Chevron está intentando acabar con la idea de que un grupo de indígenas pobres y unos abogados pueden sumar fuerzas y lograr recursos para lanzar un ataque a las grandes petroleras que tiene éxito”, dijo Donziger a la revista The Nation. Pese a los reveses, no se da por vencido. Ahora intenta que un tribunal en Canadá dé la razón a la defensa y embargue los bienes de Chevron en este país. “La batalla continúa”, declaró.
La ministra Tapia cree que casos como el de Lago Agrio hoy no podrían repetirse. “Ha cambiado la actitud de los gobiernos, más que la de las transnacionales, respecto a sus recursos naturales y su responsabilidad con el medio ambiente”, afirmó. “El Ecuador de cuando pasaron los hechos de Lago Agrio no se parece en nada al Ecuador de hoy. Ahora existen normativas más claras y estándares más rígidos para las petroleras y una autoridad medioambiental más fuerte. Hay un seguimiento de control y un régimen de sanciones cuando se incumplen las condiciones. Esto antes no había”.
