Ni voluntad ni capacidad para enfrentarse a los transgénicos
Las solicitudes para prohibir los cultivos transgénicos se extienden por toda Europa. Los gobiernos de 11 países de la Unión Europea están dando los pasos oportunos para que no se cultiven transgénicos en su territorio
Alemania, Austria, Chipre, Croacia, Francia, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Países Bajos y Polonia han solicitado a la Comisión Europea (CE) la prohibición de varios cultivos modificados genéticamente ya aprobados. Regiones como Valonia (Bélgica) e Irlanda del Norte, Gales y Escocia (Reino Unido) también lo han hecho.
Representantes públicos de Escocia afirmaron que prohibirán los cultivos transgénicos en su territorio, el Parlamento de Gasteiz, reclamó la competencia sobre la autorización o prohibición del uso de transgénicos.
¿Pero qué pasa en el estado español?
Se presenta casi como el único Estado de la Unión con suelo dedicado a este cultivo. ¿Compañeros de viaje? Se trata de un campo dominado por Estados Unidos (40%), Brasil (23%) y Argentina (14%) que dedican grandes espacios de sus enormes planicies a la soja transgénica.
El Ministerio de Agricultura francés se explicó así en marzo: “Según datos científicos fiables y muy recientes investigaciones internacionales, el cultivo de semillas de maíz MON 810 presentaría graves riesgos para el medio ambiente, así como peligro de propagación de organismos dañinos convertidos en resistentes”.
A pesar de ello en el Estado español se dedican unas 136.000 hectáreas al cultivo del maíz MON 810 (propiedad de la empresa estadounidense Monsanto).
Mapa compartido por el períodico Diagonal
¿Por qué este empecinamiento, por parte de los dos partidos que se alternan históricamente en el poder en seguir profundizando en el error?
La respuesta es tan triste como sencilla, los promotores de los transgénicos han entendido el estado como la puerta de entrada de estos en Europa, la historia de la apuesta española por los transgénicos es una historia de sumisión diplomática y económica. En ella no habita ningún atisbo de reflexión respecto a la relación que se quiere tener con la naturaleza y el medio ambiente. No puede ser que la política de forma impúdica se convierta en un instrumento al servicio de las grandes corporaciones y para amenazar el futuro de todos.
Al servicio de quién
En España, varias multinacionales de transgénicos como Monsanto o Syngenta, gozan de total permisividad para extender sus cultivos. El gobierno de Aznar posibilitó su implantación masiva en 1998, y el siguiente gobierno del presidente Zapatero continuó enseguida la labor sustituyendo a su ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, por ser demasiado opuesta a este tipo de intereses.
Por otra parte, cabe recordar que hay otra ministra más, Cristina Garmendia, que fue presidenta de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio). Asebio es el mayor lobby pro alimentos transgénicos y de biotecnología y en donde también se insertan empresas como Monsanto.
La ministra Garmendia, desde su nombramiento en 2008, fue considerada por la diplomacia norteamericana como una gran aliada para la implantación de los cultivos transgénicos. Esa consideración no es casual. Los cables de Wikileaks desvelaron que también la ministra Elena Espinosa – sustituta de Narbona – garantizaba el apoyo total a estos cultivos, tanto en casa como en Bruselas.
El papel del estado español en la UE respecto a las empresas de transgénicos marca una notable diferencia con el resto de los países. Si bien en toda la UE se evita un enfrentamiento directo con la poderosa industria de la biotecnología, los cables de Wikileaks muestran la especial sumisión de los gobiernos españoles a las directrices de la diplomacia norteamericana y de sus empresas. En ellos se comprueba como Estados Unidos no sólo apoyó la fusión de los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente en España sino que incluso adelantó la posición española en las votaciones sobre transgénicos en Europa.
Lo dicho, si queremos tomar nuestras propias decisiones sobre la producción o no de elementos modificados genéticamente, si queremos realmente impulsar un proceso de Soberanía Alimentaria, el estado español es una vía muerta. Mejor si nos vamos.
Artículo de Iñaki Urkijo
